La legislación colombiana establece una clara diferenciación entre las funciones del contador público y las del revisor fiscal. En términos generales, el contador público es responsable de la elaboración, preparación y certificación de la información financiera, mientras que el revisor fiscal desempeña labores de control, fiscalización y aseguramiento, las cuales deben desarrollarse con estricto cumplimiento de los principios de independencia, objetividad y ética profesional establecidos en la Ley 43 de 1990 y en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

En aquellos casos en que un mismo profesional participe tanto en la preparación o certificación de la información financiera como en el ejercicio de la revisoría fiscal sobre el mismo período, es necesario evaluar si dicha situación puede generar riesgos o afectar el cumplimiento de los principios de independencia e imparcialidad exigidos por el marco normativo vigente.

Por otra parte, es importante precisar que los pronunciamientos relacionados con la legalidad de actuaciones específicas, la validez de los estados financieros, la determinación de posibles incumplimientos, la imposición de sanciones o la asignación de responsabilidades son competencia de las autoridades correspondientes. Estos aspectos exceden el alcance de la función de orientación técnica y doctrinal que ejerce el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP).

Consulta el siguiente documento: ConCTCP00162_2026

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Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y de Salud y Protección Social, en cumplimiento de las competencias otorgadas por los Decretos 4712 de 2008, 4108 de 2011 y 120 de 2026, respectivamente, emitieron lineamientos con el propósito de unificar criterios sobre la acreditación de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para las personas naturales que celebran contratos de prestación de servicios.

La expedición de estos lineamientos surge debido a que, en diversos procesos de contratación, se venían imponiendo requisitos que no se encuentran previstos en la normativa vigente, tales como exigir que el contratista estuviera registrado como cotizante independiente en estado activo o que demostrara el pago anticipado de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Riesgos Laborales antes de la suscripción del contrato.

Adicionalmente, las demoras en la emisión de los certificados de afiliación por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han generado retrasos y dificultades en la formalización de los contratos. En consecuencia, los ministerios precisaron que estas exigencias constituyen cargas administrativas injustificadas, toda vez que exceden lo establecido en el ordenamiento jurídico y afectan la eficiencia de los procesos de contratación por prestación de servicios.

Consulta el siguiente documento: CirExConMINHACIENDA00020_2026

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Las diferencias que pueden presentarse entre el saldo registrado en los libros contables y el reflejado en el extracto bancario al cierre del periodo son habituales y obedecen a los tiempos propios de procesamiento y compensación de las operaciones bancarias. Estas variaciones no implican, por sí mismas, la necesidad de realizar reclasificaciones contables.

De acuerdo con el principio de realidad económica y lo establecido en el Documento de Orientación Técnica No. 15 del CTCP, los valores efectivamente recaudados y confirmados por la copropiedad deben permanecer reconocidos como efectivo o equivalentes al efectivo.

En este contexto, la conciliación bancaria se constituye en el instrumento técnico adecuado para analizar, explicar y controlar dichas diferencias, permitiendo asegurar una presentación razonable y fiel de la situación financiera de la copropiedad.

Consulta el siguiente documento: ConCTCP00126_2026

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