El Gobierno propone la creación de un impuesto temporal de normalización tributaria con una tarifa del 19%, aplicable a activos omitidos, subvalorados y pasivos inexistentes. Esta medida busca regularizar patrimonios, ampliar la base gravable y reducir la falta de transparencia en la información tributaria, además de generar recaudos extraordinarios en el corto plazo para atender los efectos del fenómeno climático que motivó el Decreto Legislativo 150 de 2026.

Este impuesto constituye una obligación tributaria para los contribuyentes, cuyo incumplimiento genera las respectivas consecuencias legales, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La medida pretende obtener recursos de forma rápida, reducir litigios fiscales y generar ingresos sin imponer nuevos impuestos a la ciudadanía en general, contribuyendo a enfrentar la crisis económica, social y ambiental derivada de la emergencia.

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